 
Tucapel Francisco JIMENEZ ALFARO, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile y
figura de gran relevancia dentro del sindicalismo nacional de oposición al
Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el
taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 Km. de Santiago hacia el
Poniente. En ese lugar se le dio muerte mediante disparos en el cráneo y
posterior degollamiento.
Con posterioridad a los hechos se realizaron diversas maniobras
destinadas a encubrir el crimen y entorpecer la labor de los investigadores.
Incluso un individuo confesó por escrito ser el
autor del crimen para luego suicidarse, demostrándose posteriormente en
el proceso que había sido asesinado y que la confesión era falsa.
(Informe
Rettig)
La tercera Lunes 5 de 2002 Agosto
Fallo de primera instancia se produce a 20
años del crimen
CASO TUCAPEL: Perpetua para Herrera; Corbalán,
absuelto
Por su responsabilidad en el homicidio
calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez
Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más
de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en
visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez,
el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por
problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al
brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al
capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en
calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio
calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés
Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin
beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra
del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue
condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera
Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado
fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios,
el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer
Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el
suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor
en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y
Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz
a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena
remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex
auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r)
Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su
grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra
fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio.
Por último, se decomisó el arma utilizada en el
crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura
inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro
Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el
ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán
enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar
a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en
una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de
noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su
despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del
Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando
de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la
investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez
Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.
El día que murió Tucapel
Tucapel Jiménez fue víctima de constantes
amenazas de muerte y seguimientos. Por eso, esa mañana del 25 de febrero de 1982
no tomó ninguna precaución extraordinaria al salir de su casa en la población
Villa España, sector de Renca, al volante de su taxi Datsun, que trabajaba en
las horas que le dejaba libre su actividad sindical.
Eran las 9.30 de la mañana cuando se despidió
de su esposa y sus hijos para tomar rumbo hacia el centro por la Panamericana
Norte, como siempre lo hacía. Debía estar a las 10 en la sede de la Anef, en la
Alameda, para encabezar una importante reunión que él mismo había convocado con
el fin de crear un gran frente laboral unitario de oposición al régimen militar.
El sindicalista nunca llegó a la cita. Hacia el
mediodía, nerviosos llamados telefónicos de sus colaboradores, familiares y
amigos intentaban ubicarlo en todos los lugares posibles, con la conciencia de
que un atentado en su contra podría haberse concretado.
Los temores no eran infundados. Al anocher del
mismo día, lugareños denunciaron el hallazgo de un automóvil estacionado a la
orilla de un polvoriento camino vecinal de la comuna de Lampa, en cuyo interior
había una persona muerta.
Tras constituirse la policía en el lugar se
confirmó que se trataba de Tucapel Jiménez y que su cuerpo presentaba cinco
impactos de bala de bajo calibre y tres heridas cortopunzantes inferidas con un
cuchillo, que no tenían otra explicación que "rematarlo", según advirtieron
peritos del Servicio Médico Legal.
El presidente de la Anef fue asesinado entre
las 10 y las 11:30 horas de esa mañana de finales de un verano, cuando se
anticipaban los estragos de la peor crisis económica y social que ha enfrentado
el país en los últimos años.
Abogado Jorge Mario Saavedra apelará ante la C.
de Apelaciones
Querellantes en caso Tucapel apuestan por
aumentar condenas
La defensa de Alvaro Cobalán, en tanto, se
manifestó tranquila con el fallo que absolvió al ex agente de la CNI.
El abogado de la familia del asesinado
dirigente sindical, Tucapel Jiménez, Jorge Mario Saavedra, anunció que en los
próximos días apelará para aumentar las penas de cinco de los condenados por el
fallo de primera instancia dictado por el ministro Sergio Muñoz.
En conversación con La Tercera.cl, el abogado
señaló que "era previsible" que el magistrado absolviera al mayor (r) Alvaro
Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio
Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, todos
procesados en calidad de cómplices por la muerte del ex presidente de la Anef.
Según Saavedra, para haber recibido condena
había que probar "que la gente de la CNI seguía a Tucapel y lo grababa, sabiendo
que todo eso iba a servir para que lo mataran", algo que nunca pudo realmente
hacerse. Saavedra acotó incluso que "yo diría que eso estaba débil".
Las condenas que debieron ser
mayores
En relación a las condenas de los ejecutores,
la opinión del abogado cambia radicalmente. Según él, su responsabilidad en el
caso "está clarísima y creo que las penas son extremadamente bajas".
Saavedra aclaró que esperaba que el general (r)
Ramsés Alvarez y el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez fueran condenados a penas
más altas. Agregó que "eran generales y en ese tiempo, hombres que formaban a la
gente, por lo que tienen mucha más responsabilidad penal que el propio ejecutor
(Carlos Herrera Jiménez), que era un hombre que entró como a los 15 ó 16 años a
la Escuela Militar y que no conoció otra formación que la jerarquía, la patria y
los enemigos de la patria, que enseñaba el Ejército y que en ese entonces eran
los marxistas".
En este mismo punto, el abogado agregó que "los
que verdaderamente hacen todo, que determinan la cosa y que enseñan estas
creencias obtuvieron una condena de entre ocho y diez años, mientras que Herrera
Jiménez que fue un hombre dirigido desde chico, le aplican una cadena perpetua.
Todo, además de que Herrera dijo la verdad. En mi opinión eso no es justo".
Los mismo en relación con la condena del ex
auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva.
"Me parece francamente incomprensible cuando él
abusó del poder que tenía de una manera increíble. Fue miembro de la Corte
Suprema, se dignó a dictar sentencias, se sentó en el más alto sitial de la
Judicatura chilena a dictar sentencias, en circunstancias de que fue abogado de
las personas que juzgaba. Eso hace que su conducta sea tan irreprochable como
para no merecer ningún beneficio. Durante el día impartía justicia y durante la
noche daba instrucciones de sacar a Herrera Jiménez del país. Eso es una
agravante enorme".
En todo caso, Saavedra dijo no saber cuáles
fueron las atenuantes que se consideraron en estos casos porque el mismo
problema computacional que retrasó la publicación del fallo es el que le ha
impedido conocer sus alcances.
Las apelaciones
"Voy a apelar, pidiendo mayores penas para los
ejecutores, oficiales de Ejército y no subalternos", dijo. El abogado
querellante se refiere a las sentencias del general (r) Arturo Ramsés Alvarez
Sgolia, condenado a 10 años de presidio y del brigadier (r) Víctor Pinto Pérez,
quien deberá estar recluido ocho años. Además acudirá a la Justicia para
aumentar la pena de 800 días -remitibles a firmar durante el mismo período de
tiempo en el Patronato de Reos- al ex auditor general del Ejército, general (r)
Fernando Torres Silva; el general (r) Hernán Ramírez Hald y al ex general Hernán
Ramírez Rurangue.
El aumento de las penas se pediría sobre la
base de "la gravedad del delito y las agravantes de éste". Según Saavedra,
"estas personas estaban en una posición inmejorable para exigir el bien y elmal.
Ellos abusaron de su poder, o sea, cuentan con todas las agravantes que se
pueden tener en contra y ningún atenuante porque ellos nunca tuvieron buena
conducta".
En relación al tiempo que podría durar el
conjunto de apelaciones en este caso hasta que llegue a dictarse en la Suprema
un dictamen definitivo, el abogado señala que cree que "debería ser rápido
porque hay personas que están privadas de libertad, -Herrera Jiménez, Contreras
Donaire y Letelier Verdugo- lo que hace que el expediente sea más rápido". Por
esta razón, entre dos y tres meses podría tardar una sentencia en la Corte de
Apelaciones, y como las casaciones en la Suprema son rápidas, a fines de año
podría haber un resultado definitivo. "Esas son mis esperanzas y mis ilusiones",
acota.
La inocencia de Corbalán
La absolución de Alvaro Corbalán era esperada
no sólo para el abogado querellante. También su defensor, Juan Manuel Lezaeta
creía que no sería condenado y, es más confía en la inocencia absoluta de su
representado en el caso Tucapel.
Corbalán estaba procesado como encubridor del
hecho por no haber dado a conocer los autores del crimen, pese a que lo supo en
1983, un año después del homicidio el líder sindical.
Para el abogado Lezaeta, el fallo puede ser
interpretado como un trabajo acucioso en el Poder Judicial y del ministro Sergio
Muñoz.
"Sin embargo, estos casos y los otros por los
cuales están procesados los militares que pertenecieron a la CNI son hechos que
deben entenderse en su contexto, en su realidad histórica", dijo a La Tercera.cl
el representante legal de uno de los más controvertidos agentes de la CNI.
En cuanto a los pasos a seguir, Lezaeta precisó
que todas aquellas personas que se sientan eventualmente dañadas o perjudicados
por esta resolución judicial podrán presentar las apelaciones y los recursos
correspondientes o todos los requerimientos y herramientas jurídicas con las que
cuenten.
Caso Alegría Mundaca
Juan Alegría Mundaca fue encontrado muerto en
su domicilio de Valparaíso el 11 julio de 1983, con dos heridas cortantes en sus
muñecas, en un aparente suicidio.
Junto a él había una carta en la que
supuestamente decía estar arrepentido de haber matado a Tucapel Jiménez. Sin
embargo, las investigaciones del caso del sindicalista determinaron que Alegría
había redactado la nota inducido bajo hipnosis.
Es por esta razón, que el asesinato del
carpintero es considerado un caso anexo al asesinato del dirigente sindical
destinado a encubrirlo.
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago, integrada por los ministros Carlos Cerda, Jorge Dahm y Gabriela Pérez,
condenó el 19 de julio del 2000 en segunda instancia y como autores al ex
director operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán; al mayor (R) Carlos
Herrera Jiménez; y al suboficial Armando Cabrera Aguilar a cadena perpetua por
el homicido calificado de Juan Alegría Mundaca
El escrito de 50 páginas forma parte del
proceso que se sigue en Sao Paulo por el secuestro de Washington Olivetto
9 de Agosto 2002 La
Tercera
Sentencias fueron rechazadas por la familia
del sindicalista
Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista
asesinado, pidió a los tribunales que "las condenas sean más ejemplares como una
señal para el país". El abogado querellante Jorge Mario Saavedra que lo
representa apeló hoy a las sentencias dictadas por el ministro en visita Sergio
Muñoz, en relación al asesinato del líder de la
Anef, Tucapel Jiménez Alfaro.
El profesional explicó que aceptan la
gradualidad para la rebaja de las penas adoptadas por el ministro Muñoz, pero
estiman junto con la familia Jiménez que algunos de los condenados deben recibir
un mayor castigo.
Cómo debió haber sido
En específico, Saavedra dijo que el jefe de la
Direcciín de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine) general (r) Ramsés
Alvarez Sgoglia, quien recibió 10 años de reclusión como autor del delito,
debería ser condenado a un total de 20 años; el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez
que recibió ocho años de cárcel con beneficio remitido debería ser sentenciado a
15 años y el ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva que recibió 800 días
de cárcel remitida debería ser condenado con una pena aflictiva.
Sobre Torres Silva, el abogado indicó que "no
es justo que él con su conducta contumaz, que ha tenido mofándose de la justicia
y no sólo ha impedido libremente en Tucapel Jiménez y en muchos otros procesos
por su conducta, a él no le permite pedir el beneficio de la remisión de la
pena. El tiene que ir a la cárcel".
Saavedra añadió que tampoco corresponde que
haya sido absuelto el comandante (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien como autor
del crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, que fue cometido para ocultar el
crimen de Jiménez, necesariamente tuvo que estar al tanto del asesinato del
desaparecido sindicalista.
Cardenal satisfecho con
sentencias
El arzobispo de Santiago, cardenal Francisco
Javier Errázuriz, manifestó su satisfacción porque se haya llegado a la verdad
en la investigación de la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez ocurrida el
25 de febrero de 1982 y con el dictamen de primera instancia, al tiempo que
llamó a respetar las decisiones de la justicia y aseguró que el ministro en
visita Sergio Muñoz dio lo mejor de sí en el esclarecimiento del caso.
La autoridad eclesiástica pidió además a
quienes se sienten insatisfechos con el dictamen a tener paciencia y confianza a
la espera de lo que determinen los tribunales de segunda instancia.
18 de Agosto 2005 La Nacion
Conmutan pena a uno de los asesinos de
Tucapel Jiménez
El Gobierno confirmó ayer que otorgó el
indulto a Miguel Contreras Donaire, suboficial (r) del Ejército, condenado como
uno de los autores del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez,
ocurrido en febrero de 1982.
El ex uniformado fue beneficiado con la
modalidad de “Indulto de Conmutación de la Pena”. Luis Bates, ministro de
Justicia, aclaró ayer que el beneficio se otorgó porque Contreras Donaire cumple
con todos los requisitos para optar a él y que, según las normas, el indulto
particular puede materializarse como remisión, conmutación o reducción de la
pena.
El secretario de Estado señaló que tras
haber cumplido “cinco años y siete meses privado efectivamente de libertad,
cumplirá el saldo de 2 años 4 meses (de un total de ocho años) bajo sujeción a
la vigilancia del Patronato Local de Reos. En consecuencia, el señor Contreras
Donaire seguirá cumpliendo su condena, bajo la modalidad señalada”.
La familia del asesinado presidente de la
ANEF cuestionó duramente la medida, calificándola como una
“bofetada”.
Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex
dirigente, dijo que es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los
trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como
familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que
el Poder Ejecutivo interfiera en una decisión ya tomada por el Poder Judicial”.
Según se estableció judicialmente, Manuel
Contreras Donaire fue uno de los que, el 25 de febrero de 1982, interceptaron al
presidente de la ANEF cuando manejaba su taxi. Junto a él subió al vehículo
Miguel Letelier Verdugo (suboficial retirado) y Carlos Herrera Jiménez, todos
ellos ex integrantes del DINE. Finalmente, tras dirigir el vehículo hasta el
camino El Noviciado, Herrera Jiménez le disparó en la cabeza y degolló a
Jiménez.
18 de Agosto 2005 La Nacion
Familia de Tucapel Jiménez indignada por
indulto a condenado: “Es una bofetada”
Como una "bofetada" calificó el hijo
homónimo de Tucapel Jiménez, la conmutación de pena otorgada por el gobierno al
suboficial en retiro Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por el
homicidio del líder sindicalista.
Hablando en la sede de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Fuentes, acompañado del
titular de dicha organización, Raúl de la Puente, criticó con dureza la medida
confirmada durante la jornada desde La Moneda.
“Nos hemos enterado por las noticias, viendo
al ministro del Interior Francisco Vidal explicando lo inexplicable”, dijo el
primogénito del asesinado sindicalista, lamentando cómo se canalizó al
información.
Tucapel Jiménez Fuentes remarcó que la
noticia es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile,
especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a
todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que un poder del Estado,
en este caso el Ejecutivo, interfiera en una decisión ya tomada por otro poder
del Estado, como el Poder Judicial”.
Contreras Donaire quedará en libertad, pero
no a través de un indulto presidencial, como primero comunicó el ministro del
Interior Francisco Vidal, sino del otorgamiento de un beneficio penitenciario,
como salió posteriormente a aclarar el vocero de Palacio, Osvaldo Puccio.
El beneficiado fue condenado a ocho años de
presidio por el crimen de Tucapel Jiménez, pena que ha cumplido en su gran
mayoría. El suboficial en retiro fue una de las personas que interceptó al
presidente de la Anef y le dio muerte el 25 de febrero de 1982. Junto a él
participaron en el homicidio Miguel Letelier Verdugo y Carlos Herrera Jiménez,
todos ellos ex integrantes del DINE.
El ministro Puccio explicó que no se le
concedió “un indulto presidencial, pues se trata de una decisión a nivel del
Ministerio de Justicia en el cual a reos que cumplen ciertos requisitos de
cumplimiento de pena se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se
mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería”.
Agregó que va en la línea de beneficios
humanitarios, ya que “se trata de una decisión de un reo que cumplió los
requisitos para acceder a este tipo de beneficios” y aclaró que el documento no
lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos.
Previamente, Puccio había sido consultado
por la reacción que podría tener la familia de Tucapel Jiménez, y declaró al
respecto que “vivimos en este país una situación traumática, donde muchos de
nosotros fuimos víctimas de esa situación y creo que el país ha ido avanzando en
un clima distinto. Los que luchamos por los derechos humanos, por un sistema
democrático distinto, luchamos al mismo tiempo porque la ley se aplique a
cabalidad y todos tengan acceso a los beneficios que esa ley otorga”.
Temen que sea un precedente
Jorge Mario Saavedra, el abogado de la
familia de Tucapel Jiménez, advirtió que la conmutación de la pena a Contreras
Donarire puede sentar un precedente para otros militares vinculados a atropellos
de los derechos humanos durante la dictadura.
El jurista explicó que el beneficio al
suboficial condenado está contemplado en la ley, y que Contreras Donaire
solicitó el pronunciamiento del Ejecutivo considerando que ya había cumplido
seis de los ocho años de condena.
Las condenas
El 9 de marzo del año pasado, la Corte
Suprema confirmó la condena contra Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier
Verdugo, el general (r) Ramses Arturo Alvarez Sgoglia y los brigadieres (r)
Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima a ocho años de cárcel. Junto a ello
condenó al general (r) y auditor general del Ejército Fernando Torres a 800 días
de pena remitida como encubridor del crimen, y a los generales (r) Hernán
Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y
Hernán Ramírez Hald, director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), a
800 días de presidio remitido en calidad de encubridores.
La Corte estimó que en el caso de Herrera
Jiménez la pena sería de cadena perpetua, y en esa oportunidad también se liberó
de responsabilidad al coronel Enrique Ibarra Chamorro y el agente civil Jorge
León Alessandrini.
De acuerdo a los antecedentes aportados por
la investigación del ministro Sergio Muñoz, Tucapel Jiménez fue interceptado por
dos sujetos que simulando ser pasajeros abordaron su taxi y le pidieron que los
trasladara hasta el camino Renca-Lampa. Se trataba del mayor (r) Carlos Herrera
Jiménez y el suboficial Miguel Letelier Verdugo. Mientras, el suboficial Manuel
Contreras Donaire los siguió en un automóvil Peugeot.
En Pudahuel, Herrera le ordenó detener el
vehículo y le disparó, asestando también cortes con arma blanca, los tres
huyeron en el Peugeot.
18 de Agosto 2005 Terra.cl
Gobierno aclara indulto a condenado por
el asesinato de Tucapel Jiménez
El vocero de gobierno Osvaldo Puccio,
aseguró que no se trata de un indulto propiamente tal, sino de una conmutación
de su pena.
“La figura efectiva es una conmutación de
saldo de pena, que saldo que queda luego de la conmutación queda detenido a la
supervigilancia del sistema penitenciario nacional. No corresponde a un indulto
presidencial sino a una decisión a nivel del ministerio de Justicia, en la cual,
a reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de pena se les conmuta el
saldo de pena y ese saldo de pena se ,mantiene bajo la vigilancia de
Gendarmería”, sostuvo Puccio.
El vocero de gobierno aseguró además que no
existe la voluntad de equiparar las situaciones entre los ex reos subversivos,
que dejarán la cárcel de Alta Seguridad, y aseguró que se enmarca dentro del
ambiente de reconciliación que existe en el país.
El supuesto indulto
Esta mañana se informó que el Presidente de
la República, Ricardo Lagos, a través del Ministerio de Justicia, había
indultado al suboficial en retiro del Ejército Manuel Contreras Donaire,
condenado por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.
El ex uniformado, quien perteneció a la
Dirección de Inteligencia Nacional de dicha institución, estaba sentenciado a
una pena de ocho años por su responsabilidad y participación en el crimen del
desaparecido dirigente de la ANEF, la que cumplía en el penal de Punta Peuco
desde abril de 2004.
Contreras había sido condenado por el
ministro que sustanció esta causa, Sergio Muñoz Gajardo, quien además condenó al
mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez -quien además cumple una
pena por el crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca, efectuado en febrero de
1982, con la intención de encubrir el homicidio del sindicalista-, el general
(r) Ramsés Alvarez Scoglia; los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano
Ferrer Lima y el suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo.
Cabe recordar que Tucapel Jiménez Alfaro fue
asesinado el 25 de febrero de 1981, cuando manejaba su taxi y se dirigía a la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la que presidía.
Jiménez siempre fue visto por el gobierno
militar como una amenaza, puesto que siempre estuvo a favor de las protestas
opositoras y de luchar en contra del gobierno militar.
Su muerte fue investigada durante 17 años
por el juez Sergio Valenzuela Patiño, quien no llegó a ninguna conclusión, hasta
que en 1999, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, la familia de
Jiménez logró que el Poder Judicial reemplazara al juez por Sergio Muñoz, quien
en pocos meses logró establecer las responsabilidades y condenas.
La versión de vidal
Pese a lo señalado por el vocero Puccio en
torno a la naturaleza del beneficio otorgado a Contreras Donaire,
el ministro del Interior, Francisco Vidal,
confirmó en La Moneda que "en el uso de sus atribuciones exclusivas en algunas
materias, el Presidente hace dos o tres semanas, procedió a indultar a este
suboficial de Ejército, cuyo nombre es Manuel Contreras Donaire".
Aunque no entregó las razones concretas de
la medida, señaló que el gobernante la adoptó "en virtud de la pacificación, de
la clemencia, de dar señales de que el país puede avanzar en esta
dirección".
En abril de este año, la Justicia Civil
condenó a una millonaria multa al Estado chileno por el asesinato del
sindicalista Tucapel Jiménez.
La sentencia de la titular del 13° Juzgado
Civil de Santiago, Clara Carrasco Andoni, condenó al Fisco a cancelar la suma de
$1.000 millones a la familia del dirigente por el delito de daño
moral.
La familia había presentado una demanda
civil que se tramitó en forma paralela a la investigación criminal que llevó el
juez Sergio Muñoz, y este fallo, dado a conocer esta tarde, obliga al Estado
chileno a desembolsar esa alta suma de dinero.
Conocida esta información, el Consejo de
Defensa del Estado decidió inmediatamente apelar a la resolución, por lo que
deberá ser una sala del tribunal de alzada capitalino la que resuelva si
mantiene, anula o baja la cifra dictada en primera instancia.
18 de Agosto 2005 La Nacion
Familia de Tucapel Jiménez rechaza
explicaciones del Presidente
Hasta La Moneda llegará hoy la molestia ante
la "conmutación de pena" concedida por el Presidente Ricardo Lagos a Manuel
Contreras Donaire, uno de los autores materiales del homicidio del ex presidente
de la Anef.
Resignados a sólo denunciar mediante la
crítica pública, sin posibilidad de revertir la decisión, se encuentran los
familiares del asesinado ex dirigente sindical, Tucapel Jiménez Alfaro, que esta
mañana cuestionaron las explicaciones dadas anoche por el Presidente Ricardo
Lagos respecto de la "conmutación de pena" que concedió a uno de los
participantes en el crimen, el suboficial de Ejército (R), Manuel Contreras
Donaire.
En efecto, ante las versiones que
interpretaban la iniciativa como un indulto, Lagos, enfático, precisó que no se
trata de aquello. "No pues, no es (indulto). Lea usted lo que es (...) lea usted
de qué se trata y tiene la clave del concepto", respondió a un periodista al se
requeridas sus precisiones.
Apuntando a la explicación dada por Lagos,
Jiménez destacó que "estos condenados, si uno recuerda lo que dictaminó Sergio
Muñoz, ya recibieron penas muy bajas, ya fueron beneficiados con la media
prescripción y ahora vuelven a ser beneficiados, entonces, no creo que sea un
argumento como para justificar esta decisión."
"Le pediría al Presidente Lagos, al ministro
de Justicia, que antes de haber tomado una medida así podrían haber tomado unos
minutos de su tiempo y haber leído el fallo, porque este es uno de los autores
materiales. Carlos Herrera Jiménez (condenado a 15 años de cárcel) fue el que
efectuó los disparos a mi padre y este asesino fue el que degolló a mi padre.
Eso es lo más terrible de todo", agregó.
Confirmando que esta mañana acudirán hasta
el Palacio de gobierno, junto a la dirigencia de la Anef, para manifestar sus
críticas la medida, el único recurso que les queda, asumió, insistió en que se
trata de " una decisión que al país le cuesta entender. Si uno va a los hechos,
es uno de los crímenes más horribles que se han cometido en el país. El
beneficiado es uno de los autores materiales, nunca ha cooperado con la
justicia, nunca ha mostrado un signo de arrepentimiento, entonces cuesta mucho
más entenderlo."
30 de Abril 2007 Terra.cl
Tras libertad de autor del
crimen
El abogado y profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Central, Leonardo Aravena Arredondo, haciendo referencia a la
reciente libertad condicional otorgada al suboficial (r) Miguel Letelier, uno de
los autores materiales del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez,
sostuvo que “han pasado 25 años desde que, con alevosía, se cometió ese crimen
horrendo, acto en el que los homicidas actuaron concertados, con superioridad de
número, por sorpresa, sobre seguro, con absoluta desproporción de los medios
empleados, sin dar a la víctima ninguna posibilidad de defensa, acuchillando y
baleando por la espalda”.
Aravena, quien también es integrante de
Amnistía Internacional sección Chile, manifestó que “por no tratarse de un
homicidio más, parece grave el olvido sin dejar una enseñanza. No basta con una
romería y un homenaje. Es necesario recordar lo sucedido, el extremo al que
llevó la garantizada impunidad a los malhechores, porque crímenes ocurren todos
los días y, no obstante siempre ser repudiables, éste es diferente, porque el
homicidio de Tucapel Jiménez resulta señero”.
Agregó que “la motivación, la ejecución cruel y
fría, la calidad de la víctima, la investigación demorada judicialmente por años
para asegurar impunidad, deben mantenerse presentes en la memoria de Chile para
que actos tan crueles, que sólo pueden tener lugar concebidos, instigados y
ejecutados por mentes enfermas, amparadas en una distorsión del ejercicio del
poder absoluto, no vuelvan a ocurrir.
El abogado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central manifestó que todo el país debe tener presente los hechos
que terminaron con la vida del sindicalista. De esta forma, dijo, “redoblaremos
la lucha por los derechos de todos y el respeto mutuo, es el mejor homenaje que
podemos rendir a su memoria. Debemos hacer que, al menos, su muerte no haya sido
en vano y asegurarnos que nuestra sociedad está de verdad en vías de mejoría, en
la esperanza de dejar atrás el abuso, la locura y el descontrol”.
11 de Enero 2008 La Nacion
Libre asesino de Tucapel
Jiménez
En libertad salió el viernes pasado desde el
penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo,
coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25
de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir
su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez
Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.
Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como
sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el
entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente
criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del
dirigente.
Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto
al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio.
Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería
confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido
íntegramente su condena de ocho años".
Al suboficial (R) que integró la DINE le fue
computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte
Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez
Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.
A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante
la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes
acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y
pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera,
respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de
ambos.
Hasta ese instante Herrera nunca había
mencionado las identidades de sus dos acompañantes.
También mostró después arrepentimiento por el
crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero
hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha
solicitado.
30 de Enero 2008 La Nacion
Ordenan pago de mil 200 millones a hijos de
Tucapel Jiménez
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago ordenó ayer el pago de 1.200 millones de pesos a los hijos del
asesinado líder sindical Tucapel Jiménez.
El monto indemnizatorio por el daño moral que
causó en los deudos la muerte de su padre deberá ser cancelado por el
fisco.
El tribunal de alzada capitalino acogió la
demanda civil deducida por sus hijos Tucapel, Isabel y María, los tres de
apellidos Jiménez Fuentes; y Sara Jiménez Weber y Rodrigo Jiménez Roa. A cada
uno el Estado los deberá indemnizar con la suma de 200 millones de
pesos.
En el dictamen además se incluye el desagravio
a favor de Haydée Fuentes Salinas, esposa del otrora presidente de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Estos 200 millones se les entregarán al
diputado Tucapel Jiménez y a sus hermanas, al encontrarse fallecida su
madre.
"No cabe duda que el plazo de prescripción debe
computarse, en este caso, desde la fecha en que quedó a firme la sentencia
dictada en el proceso criminal por homicidio de Jimenez Alfaro", señala el fallo
respecto a quienes alegaron que estaba fuera de plazo la solicitud de
indemnización.
19 de abril de 2008 La
nacion
Escrito vincula a Pinochet con la muerte
de Tucapel Jiménez
Un documento firmado por ex colaboradores de
la dictadura militar revela que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al
jefe sindical Tucapel Jiménez Alfaro, en febrero de 1982.
El escrito, cuya existencia fue dada a
conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes,
está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director
de la DINA, según la misma fuente.
El texto corresponde, siempre según ese
informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber
escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo
Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden
de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el
diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos
en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se
pronuncien sobre la veracidad del documento.
La declaración de Álvarez, quien cumple una
condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo
al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la
declaración en el recinto de reclusión.
"Nosotros tenemos la convicción absoluta de
que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este
documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en
diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras
estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.
El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente
una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando
problemas de salud.
La línea de investigación en torno al ex
general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor
en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo
Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.
Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de
febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40
kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y
degollado.
Una persona confesó por escrito ser el autor
del crimen del sindicalista y luego se suicidó.
Sin embargo, se demostró en el proceso que
había sido asesinado y que su testimonio era falso.
Domingo 18 de enero de 2009 La
Nación
Carlos Herrera Jiménez, ejecutor de
Tucapel Jiménez, rompe el silencio desde Punta Peuco
Es reconocido como un ícono de las
violaciones de los derechos humanos, pero hoy afirma, que aunque aparecieran
cien casos falsos, no es posible poner en duda lo ocurrido en dictadura. El ex
agente de la CNI califica la fallida denuncia de Karla Rubilar como un problema
“moral y ético” y revela que, en 1982, el presidente de la ANEF era sólo el
cuarto nombre de una lista de dirigentes sindicales que la dictadura pretendió
asesinar, encabezada por Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y Hernol
Flores.
El nombre de Carlos Herrera Jiménez entró
para siempre en la historia de la dictadura. Aunque mató en Pisagua meses
después del golpe militar, no fue un soldado operativo en el arresto, la tortura
y el método del trozo de riel para arrojar cuerpos al mar, sino en el crimen
político, selectivo y planificado de los últimos años de la tiranía. Jamás dudó
en matar cuando le tocó obedecer. Sin chistar. Orgulloso de cumplir su misión
por la patria y con la fe ciega en sus superiores. Su "medalla estrella" la
obtuvo cuando en 1982 eliminó de tres disparos al sindicalista Tucapel Jiménez.
Fue el crimen que lo catapultó a la fama. Hoy revela, por primera vez, que
Tucapel era apenas el cuarto y último de una lista para morir que encabezó
entonces el sindicalista del cobre Rodolfo Seguel y, tras él, los dirigentes
Manuel Bustos y Hernol Flores.
Integró el Batallón de Inteligencia del
Ejército y luego, en 1983, se hizo cargo de la CNI en la Región de Valparaíso.
Fue en esa destinación que, junto a Álvaro Corbalán, integró el cuarteto que
ultimó al carpintero Juan Alegría Mundaca.
Después de 20 años de presidio, Carlos
Herrera, con 57 años y el pelo cano, usa una colita que, al interior del penal
Punta Peuco, lo diferencia de otros, como Raúl Iturriaga Neumann o el mismo ex
jefe de la CNI, general Hugo Salas. Ellos todavía mantienen la formalidad
marcial. Su visión de la vida, lo aleja hoy de aquel obediente
soldado.
-¿Qué opina de la reciente gestión de la
diputada RN Karla Rubilar, que entregó antecedentes erróneos respecto de
presuntos falsos detenidos desaparecidos?
-Lo que Karla Rubilar hizo es monstruoso.
Fuera de su desconocimiento, ella tiene un problema moral y ético. Encontrar
cuatro o cinco personas que se pasaron de listos no cambia en absoluto el fondo,
que en Chile hay desaparecidos. Incluso si aparecieran diez o cien, eso sólo
cambia la magnitud. Aunque hubiera sólo un detenido desaparecido el problema
sigue igual.
-¿Cree que hoy los detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos son una realidad en Chile?
-Sí, efectivamente, eso no se puede
desconocer. Creo que ese es el eje del conflicto de las violaciones de los
derechos humanos. Me parece inconcebible que haya detenidos
desaparecidos.
-¿Qué efecto cree que tuvo este conflicto
sobre la dictadura?
-La existencia de los detenidos
desaparecidos deslegitimó todo el trabajo bueno que hicimos en los servicios de
seguridad y que llevó a cabo el régimen militar.
-Después del sufrimiento de tantos años y
sumados los acontecimientos recientes, ¿qué le diría hoy a los familiares de las
víctimas?
-Es difícil la pregunta. Me parece que, con
todo lo que se ha sabido hasta ahora, pedir perdón es algo sobrepasado por los
acontecimientos. El perdón es un proceso que corre por parte de los afectados. Y
yo personalmente no hice desaparecer a nadie, por lo tanto no puedo pedir perdón
por algo que no hice.
-Pero entonces, ¿siente algún tipo de
empatía por familiares de asesinados o ejecutados políticos?
-Sí. A mí se me murió un hijo en 1978. Sufrí
bastante, pero creo que de alguna forma ya se cerró la herida, aunque la
cicatriz queda. El está enterrado y sé dónde está. No viví la desaparición de un
ser querido.
-Y a los familiares de los ejecutados
políticos, ¿les pediría perdón?
-Yo ya pedí perdón a los familiares de mis
víctimas, entre ellos Tucapel Jiménez.
-¿Usted fue el primero en pedir perdón a sus
víctimas?
-Sí, me parece que fui el primero.
-Conoció bien a Manuel Contreras, ¿qué
opinión tiene de él?
-Yo conviví con él tres años y nueve meses
en Punta Peuco. Creo que es alguien muy inteligente. Lamentablemente me parece
que quedó pegado en el pasado. Él sigue en la pelea de 1973, no ha evolucionado.
Y eso daña a quienes fueron sus subalternos.
-¿En qué sentido los daña?
-Hoy Contreras es quien encabeza el problema
de los derechos humanos. Pero su dimensión no es igual a la de un suboficial
como, por ejemplo, Basclay Zapata. Pero la sociedad en su conjunto, y la prensa
en particular, pone a ambos en la misma dimensión, cuando hay una diferencia
tremenda. Y Manuel Contreras no ha hecho nada para hacer esa diferencia. ¿Por
qué él permite que sus subalternos sigan puestos a su mismo nivel?
-Contreras incluso sigue negando la
existencia de detenidos desaparecidos.
-Por eso digo que está pegado en el
pasado.
-¿Cuándo y por qué se decidió a confesar los
crímenes en que participó durante la dictadura?
-Fue precisamente durante la convivencia con
Contreras. Sobre todo porque no hizo nada por poner las cosas en su justo nivel.
Creo que sería muy varonil y honroso que se hiciera cargo de las órdenes que
dio.
-¿Cree que Contreras ha sido
cobarde?
-Pienso que la sociedad chilena en su
conjunto es un poco cobarde. Estamos en un país del "yo no fui".
-¿Hubo otros motivos para que confesara sus
crímenes?
-Yo tengo cuatro hijos, incluido uno de
veintidós años, que es la edad en que a mí me tocó vivir todas estas cosas. De
verdad no quisiera que ellos vivieran lo que yo viví, ni tampoco que fueran
víctimas como lo fueron otros jóvenes durante la dictadura. Mi hijo menor
esconde lo que ocurrió a su padre y eso es duro. Cuando caí detenido él era una
guagua de brazos, entonces él prácticamente ha vivido toda su vida sin padre. No
me conoce de otra manera si no es preso.
-¿Se refiere a que existe un costo
familiar?
-Sí. Además de cuatro hijos, tengo cuatro
nietos y ellos humanizan más que los propios hijos.
El orgullo perdido
-Usted dijo que cuando mató a Tucapel
Jiménez sintió orgullo debido a que creía fervientemente en lo que hacía.
¿Cuáles eran sus ideales?
-A mí se me pintó que Jiménez estaba
traicionando a la patria. Me bastó sólo eso para pensar que su muerte, siendo
ilegítima desde el origen por el hecho de matar, se legitimaba por sí sola por
el objetivo final, aunque suene maquiavélico.
-Pero en qué se basó el orgullo que sintió
al matarlo.
-En los jóvenes de esa época, y
particularmente en mí, había un patrioterismo que caía en el chovinismo. Todo lo
que se hiciera en beneficio de la patria se legitimaba por sí mismo. Jiménez era
parte de ese patrioterismo. Pero voy a contar que él originalmente era el cuarto
de una lista de probables asesinados. El primero era Rodolfo Seguel (a 1982,
importante dirigente sindical cuprero y diputado 2002-2006), el segundo era
Manuel Bustos (a la fecha presidente de la Coordinadora Nacional Sindical) y el
tercero, Hernol Flores (dirigente de Correos de Chile). Matar a cualquiera de
ellos fue evaluado como un grave problema político. A Tucapel se le eligió por
descarte. Debido a que quienes dirigieron esto "se les hizo el potito". A mí me
impactó mucho saber esto con posterioridad.
-¿Qué justificó para usted el crimen del
carpintero Alegría, realizado para inculparlo de haber matado a Tucapel
Jiménez?
-Fue una consecuencia del primer crimen. Con
el pasar de los años te das cuenta que si ya fue torpe matar a Jiménez, eliminar
a Alegría lo fue mucho más.
-¿Cree que cuando alguien mata está haciendo
un mal?
-Yo creo que es así y quien diga lo
contrario está mintiendo. A uno en la familia desde chico le enseñan que matar
es malo. Creo que se pueden analizar las motivaciones, pero quien mató sabe lo
que hizo.
-¿En algún momento sintió que estábamos en
guerra?
-Sinceramente sí. Después me impactó muy
fuerte darme cuenta de que no era sí.
-¿Cuáles son los ideales o paradigmas que
entonces tenía y que hoy ya no tiene?
-Yo salí de la Escuela Militar en 1970. Y,
aunque había cosas del Gobierno de Allende que encontraba notables, como el
medio litro de leche para los niños, no estaba de acuerdo con el fondo de su
proyecto. Pero de alguna manera éramos una juventud mucho más ideologizada que
la actual. De 13 ó 14 años ya estabas participando en algo, en uno de los dos
bandos, algo bastante maniqueo que no consideraba los matices.
Juicio a la dictadura
-¿Cuándo y por qué se le comienza a quebrar
la imagen de Augusto Pinochet?
-Pinochet me desilusionó cuando en un
discurso dijo "este no es un gobierno fascista". Entonces yo dije, cómo que no
somos fascistas si estamos rodeados de militantes de Patria y Libertad. Y,
además, éramos muy amigos de ellos. Eso me produjo muchos problemas. Siempre
noté que Pinochet fue inconsecuente. Primero dijo que éramos antimarxistas y no
sabíamos lo que era el marxismo; luego nacionalistas sin jamás leer a Primo de
Rivera. Yo pensaba que el nacionalismo era bailar cueca, escuchar a Los Huasos
Quincheros, comer empanadas y ver la Parada Militar. En un camino zigzagueante,
después nos dijo que éramos gremialistas.
-¿Rescata algo del régimen
militar?
-Sí, yo separo a Pinochet del régimen. La
reorganización de la administración pública, el desarrollo de exportaciones no
tradicionales, la reactivación de la Región de Tarapacá y la creación de la Zona
Franca, son obras que han perdurado. Creo también que el salto en la economía
fue una obra del régimen militar que lamentablemente se ve empañada por la
violación de los derechos humanos.
-¿Y qué piensa del sistema neoliberal y de
la economía de mercado?
-Ahí entro en un problema y déjenme volver
un poco al pasado. Cuando asumió Allende prometió igualdad, y lo mismo sucedió
con Pinochet donde todos íbamos a tener acceso a la educación. Pero en
definitiva, pasados los años, resultó que esta sociedad nueva construida por los
militares dejó afuera a los mismos que la hicimos. Por ejemplo, con cuatro
hijos, no podía pagar las universidades. Hoy no hay igualdad de oportunidades
para todos y yo me embarqué en este proyecto para lograr esa
igualdad.
-¿Cree que el sistema hizo de Chile un país
más clasista?
-Sí, y un ejemplo de ello es la reacción a
la muerte de las estudiantes del Colegio Cumbres, que es lamentable por sí
mismo. Al poco rato la Presidenta puso a disposición de los padres el avión
presidencial, pero ¿cuántos accidentes hay todos los días de chilenos menos
iguales que otros a los que nadie les pone un avión?
-¿Cree que todo lo bueno que hubo en el
régimen militar hubiese sido posible bajo un gobierno democrático?
-Sí, pero con un proceso bastante más lento.
En dictadura todo es más rápido, aunque el costo es alto.
-Entonces, ¿reconoce que vivimos una
dictadura?
-Fue una dictadura. De viejo he aprendido a
hablar sin eufemismos. Si un gobernante no es elegido por el voto popular, es un
dictador. Cuando preguntan si fue pronunciamiento o golpe militar, es obvio que
fue un golpe, el resto es un adorno.
El abandono
-¿En qué medida se sintió utilizado por el
sistema? ¿Cuándo y cómo empezó a darse cuenta de ello?
-Después de viejo. En el momento yo sentí
que lo hacía muy bien. A mí me viene muy bien el aforismo "dile al tonto que es
bueno pal’ hacha, y el tonto tala el bosque". En 1991 yo me desligué de la
institución al pedir mi baja. Empecé a conocer otra vida y personas. En el
Ejército uno vive como en un ghetto, igual que la gente de la UDI o la DC que se
casan entre ellos. Nosotros también nos casamos con las hijas de otros
militares. Cuando yo estudié en el Ejército las calificaciones estaban
orientadas a qué tan buen cumplidor de órdenes eras. Como yo siempre fui bien
calificado, me sentí un buen soldado, sin pensar las consecuencias que eso me
iba a traer.
-¿Cómo entiende las dos etapas en que se
hizo desaparecer prisioneros: la de la DINA y la posterior de la CNI llamada
"Operación Retiro de Televisores"?
-A muchos como yo nos dijeron que estábamos
en guerra y lo creímos. Desde la lógica de la guerra de esos primeros años, con
algún esfuerzo, podría entender esas muertes. Pero cuando en 1978 y 1979 se hizo
el desentierro de cuerpos bajo el mando del director de la CNI, general Odlanier
Mena, es algo que no comparto. Ahí ya existe la manifiesta intención de ocultar
un delito consciente de haberlo cometido. Y creo que el general Mena debe
responder por eso.
-¿Qué sintió cuando supo que la dictadura
había sido derrotada en las urnas?
-Varias cosas. Desde el punto de vista
judicial estaba clarito lo que iba a venir, aunque nunca me imaginé que sería
tan duro. Pero más que eso pensé que los mandos, que habían sido bastante
severos y autocráticos, entre ellos Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon,
Carlos Forestier y el mismo Pinochet, se iban a hacer cargo de las órdenes que
dieron. Algo que nunca ocurrió. Pero yo estaba desilusionado de Pinochet hacía
rato. Aunque recalco nuevamente que, para mí, él no es el gobierno
militar.
-¿Se imaginó que los mandos superiores no
iban a asumir su responsabilidad?
-Nunca. Fue una decepción muy grande y
todavía la tengo. Me dolió mucho. Me cuesta mucho hoy mirarlos a la cara y
tratarlos por el grado y de "mi general".
-¿Qué efecto tuvo que los mandos no
asumieran las órdenes que dieron?
-Que la justicia inicialmente empezara a
escarbar por abajo. Entonces caímos presos primero los subalternos.
-¿Voto Sí o No en 1988?
-Con el alma en el No, voté que
Sí.
-¿Por qué?
-Porque era un soldado
disciplinado.
La falsa reconciliación
-Viéndose en el tiempo, ¿cree que es válido
matar por la patria?
-Como ya dije, inicialmente sentí mucho
orgullo. Pero después me atacaron el peso de la conciencia, los hijos cuando
crecieron, y conocer a mis nietos. Ahora creo que todo eso fue
monstruoso.
-¿Qué le parecen algunos de los gestos de
reconciliación que han habido?
-Hace algunos años el entonces comandante en
jefe Juan Emilio Cheyre hizo una misa reparatoria en la memoria del general
Carlos Prats, lo cual me pareció fantástico. Pero encontré de pésimo gusto ver,
en primera fila y al borde de las lágrimas, a los mismos generales que nos
dijeron que Prats era un traidor.
-¿Como quiénes?
-Por ejemplo, el general César Benavides.
Actitudes de ese tipo son las que me provocan el desconcierto. Por años pensé
que Prats era un traidor. Igualmente me pareció poco decente ver en las páginas
sociales de "El Mercurio", en un cóctel del mundo universitario, juntos al
general Guillermo Garín y al dirigente del MIR, Pascal Allende. Eso me parece
muy poco decente. Ninguno de los dos debiera haber estado.
-¿Eso no tiene que ver con una eventual
reconciliación?
-¿Se van a reconciliar las cúpulas? ¿Y qué
pasa con los de abajo que ellos mismos mandaron a la muerte? Tiene que haber
respeto por los caídos de uno y otro lado. Ahora, poniéndome en el lugar del
MIR, sus muertos ese día se estarían revolcando en la tumba. Si eso es
reconciliación, no entiendo nada.
El lento camino al cielo
-Aparte del costo judicial y el escarnio
público. ¿Existe un costo familiar?
-El familiar fue el costo más alto, porque
no sólo mentí judicialmente sino también a mi familia. Nunca conté que había
cometido tal o cual homicidio. Pero mis hijos fueron creciendo y en un momento,
en el 2000, les tuve que contar. Y contarle a mi esposa creo que fue más difícil
que cuando hablé con el ministro Sergio Muñoz (que investigó el crimen de
Tucapel Jiménez). No sabía por dónde empezar y justificar lo injustificable.
Creo que lo más difícil fue con mi hijo más chico, ya que los otros sospechaban
en lo que yo trabajaba. Él cuestiona mis acciones del pasado y eso evidentemente
produce dolor.
-¿De qué se arrepiente?
-Dejando de lado las violaciones de los
derechos humanos de las que ya me arrepentí y pedí perdón, me arrepiento de no
haber estudiado Leyes. Estando en la CNI fui aceptado como alumno en la
Universidad Católica de Valparaíso, pero el general Gordon me dijo "¿Usted está
loco?". Acá en la cárcel me habría gustado estudiar Filosofía, pero tampoco he
podido. Cuando uno está viejo y hace la lista, son más los arrepentimientos que
los aciertos.
-¿De qué no se arrepiente?
-De mi familia. Y de haber estado presente
en los acontecimientos más importantes del siglo XX, a pesar de que muchos de
ellos fueron deleznables. Desde el punto de vista histórico, puedo decir "yo
estuve ahí". Es un contrasentido, pude haber tenido una vida más simple y haber
conocido más cosas, pero también ¡qué lindo es tener la culpa de lo que ha
pasado! Esto sirve para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué sirve
todo esto? No tengo idea.
-¿Es religioso?
-En el plano religioso, soy católico, y tuve
que pasar un largo periplo antes de volver a comulgar. No fue fácil, porque
resulta ilógico que un católico practicante y observante, como es mi caso, haya
hecho lo que hizo. Todavía me lo cuestiono desde el punto de vista espiritual,
ya que conozco bastante de la Biblia. Yo sabía que mi religión prohíbe hacer lo
que yo hice.
-¿Reza usted?
-Sí.
-¿Cree que se irá al cielo?
-Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar,
es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante.
-¿Por qué?
-Por el purgatorio, pues.
Pisagua
-Usted estuvo en Pisagua a fines de 1973.
¿Mató al prisionero Nelson Márquez?
-Sí, yo lo maté.
-¿Quién le dio la orden?
-Me la dio el capitán Jaime Krauss Rusque y
yo la cumplí. Él después fue edecán de la Cámara de Diputados.
-Pero usted está preso y Krauss está
libre.
-Porque la justicia chilena aceptó como
válido que él se encontraba en tareas administrativas contando remedios en una
farmacia. Aunque la farmacia era muy chica, se demoró un mes en contar los
remedios.
La ansiada libertad
-¿Cuándo debería salir libre?
-Yo tengo una condena a cadena perpetua
unificada por las muertes del carpintero Alegría y Tucapel Jiménez, que suman 20
años de presidio. Ese tiempo se cumplió el 21 de junio de 2008. Caí preso en
1992, pero tenía tres años y siete meses acumulados de una condena previa por el
caso del transportista de La Serena, Mario Fernández. Entonces, lo que sostengo
es que, si la legislación penal permite la acumulación de las penas, yo ya
cumplí la mía. Si el Estado, con toda justicia, fue tan ágil para juzgarme y
condenarme, hoy con esa misma agilidad debe dejarme en libertad. También hay que
respetar los derechos humanos de quienes los violamos. De lo contrario, se
transforma en una venganza.
-A usted recientemente la justicia le denegó
un recurso de amparo, por un error en la forma…
-Exactamente. A diferencia de la medicina,
donde prima la urgencia por salvar a un paciente independientemente de cualquier
formalidad, en la justicia no sucede. ¿Qué hubiera pasado si los recursos de
amparo en Chile se hubieran acogido adecuadamente? Se habrían salvado muchas
vidas.
-Si ya le pidió el indulto al ex Presidente
Ricardo Lagos y le fue negado, ¿por qué no se lo solicita a la Presidenta
Michelle Bachelet?
-No, y no es por soberbia, sino porque yo ya
cumplí mi pena.
-¿Qué quiere hacer si algún día sale en
libertad?
-Vaya paradoja, yo me acostumbré a estar
encerrado y quiero ir a encerrarme a mi casa. No tengo ganas de reintegrarme en
actividades de tipo social. Ni siquiera quiero ir al estadio, que antes me
gustaba.
-¿De qué equipo es hincha?
-¡De San Luis de Quillota, pues hombre! Pero
lo que en verdad hoy me interesa es vivir con mi señora en una parcela que
tengo. Recomenzar nuestro pololeo. Lamentablemente mis hijos ya no van a estar
conmigo en la casa, lo cual me va a costar mucho superar. Hace un par de años
tuve el síndrome del nido vacío, que normalmente les da a las mamás.
-¿Quisiera aislarse del mundo?
-No del todo, quiero hacer una radio
comunal, porque considero que Chile es un país muy injusto. Soy radioaficionado
y tengo los equipos necesarios. Entre otras cosas, me gustaría hacer un programa
dedicado a los presos. Pero esto lo voy a hacer desde mi casa.
Reflexiones
Al final de la entrevista, Carlos Herrera
extrajo una carpeta y dijo que quería plantear algunos puntos.
“Existe una inequidad en las condenas cuando
se aplican las mismas penas a los altos oficiales como Manuel Contreras y otros
generales, y a los suboficiales como Basclay Zapata y otros”.
“La ley no es rígida, el derecho siempre se
ha interpretado. La primera condena por homicidio calificado fue ejemplificadora
y me la llevé yo: cadena perpetua. Hoy, el mismo tipo de delito se condena con
pena remitida (cumplirla en libertad). Tengo claro que salí perjudicado por el
momento histórico en que cometí el crimen”.
“Hay casos de oficiales y suboficiales que
han hecho mucho daño, no han confesado nada, y cumplen una condena. Por el
contrario, hay otros que confesaron todo lo poco que hicieron, y tienen la misma
condena”.
Lunes 19 de enero de 2009 La
Nación
Tucapel Jiménez no se opone a beneficios
para ejecutor de su padre
"Yo le pido a Carlos Herrera Jiménez que, si
27 años después entrega una información que nunca antes se conoció acerca de una
lista de sindicalistas para asesinar en 1982, en la que estaba mi padre,
entregue también antecedentes que, por la cercanía de las fechas, probablemente
debe tener sobre el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva".
Es la reacción del diputado (indep-PPD)
Tucapel Jiménez, frente a la entrevista, publicada por La Nación Domingo, a uno
de los autores materiales del homicidio del líder sindical del mismo nombre.
"Eran los mismos mandos superiores en enero y febrero de 1982 en que son
asesinados el ex Presidente y mi padre", afirmó.
El parlamentario expresó que "veo que los 20
años de cárcel le han hecho reflexionar a Carlos Herrera. Mi familia y yo no nos
vamos a oponer a que él comience a recibir beneficios carcelarios, como una
salida dominical, porque es uno de los que más ha colaborado con la justicia. En
la cárcel hay mucho tiempo para pensar y él ya pagó su deuda".
Expresó que "a Herrera le deseo que, si un
día sale en libertad, aproveche los años de vida que le quedan junto a su
familia como una persona de bien".
Sin embargo, Tucapel hijo dice que por esos
beneficios Herrera también debe aportar la información que maneje sobre otros
casos, "aunque él no haya participado en ellos".
Pero aunque Herrera dijo que no pedirá el
indulto a la Presidenta Bachelet porque considera que ya cumplió las condenas
que se le aplicaron, argumentando que "también hay que respetar los derechos
humanos de quienes los violamos porque, de lo contrario, se transforma en
venganza", el congresista se opone a que se le conceda ese beneficio si Herrera
cambia de opinión y lo solicita. "Yo me opongo a cualquier indulto presidencial,
porque es entrometerse en lo que resolvió otro poder del Estado".
Lorena pizarro
Por su parte, la presidenta de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que "lo que
Carlos Herrera debe hacer es entregar toda la información que guarde sobre
cualquier otro caso, porque vemos que él tiene antecedentes que hasta ahora no
eran conocidos como lo que contó de la lista para matar a
sindicalistas".
Sostuvo que "lo que él piense ahora de su
vida y cómo ésta le ha cambiado, es algo suyo y de su familia. Más que su
concepción filosófica hoy día, nos interesa que entregue toda la información que
tenga para aliviar el dolor de los familiares".
Si bien valoró que hoy Herrera esté del lado
de quienes piensan que el drama de los desaparecidos es innegable, aunque
existan errores en las calificaciones o aparezcan vivas algunas personas que se
encuentran en esa calidad, dijo que "cuando se leen estas entrevistas resulta
horroroso darse cuenta de la frialdad con que todos ellos mataron".
La última entrevista que Herrera había
concedido a la prensa fue también publicada por La Nación en mayo de 2002,
semanas antes de ser condenado por el crimen de Tucapel Jiménez.
|
jueves, 19 de diciembre de 2013
HISTORIA JUDICIAL DEL CASO TUCAPEL JIMENEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario